Un juez federal de los Estados Unidos rechazó el pasado 28 de abril una solicitud de un nuevo juicio presentada por Sam Bankman-Fried, exdirector ejecutivo de FTX.
El condenado y referente del ecosistema cripto quiso reabrir su causa penal alegando la existencia de supuestas nuevas pruebas, las cuales podrían poner en jaque la sentencia por fraude.
La decisión fue emitida por el juez del distrito federal Lewis Kaplan en Nueva York, el mismo magistrado que presidió el juicio original en 2023.
Bankman-Fried fue declarado culpable por su rol en el colapso de la plataforma de criptomonedas FTX y posteriormente condenado a 25 años de prisión.
La moción fue presentada bajo la Regla 33 del procedimiento penal federal, que permite solicitar un nuevo juicio cuando surgen evidencias consideradas nuevas y potencialmente relevantes para el veredicto.
En su presentación, la defensa sostuvo que el jurado no habría tenido una visión completa de la situación financiera de FTX, incluyendo afirmaciones de que la empresa contaba con activos suficientes para cubrir los fondos de sus clientes.
Un pedido rechazado
Además, Bankman-Fried argumentó que la participación de asesores legales en determinadas decisiones corporativas podría haber respaldado su tesis de que actuó de buena fe y sin intención criminal, un elemento central de su defensa original.
Sin embargo, el juez Kaplan desestimó el pedido incluso luego de que el propio Bankman-Fried intentara retirarlo, alegando que el tribunal no podría evaluar el caso de manera imparcial.
Con esta resolución, se mantiene firme la condena a prisión de 25 años que encara el ex director de la exchange y además cerró esta vía procesal.
De este modo, la principal opción que le queda al exempresario para impugnar su sentencia es la apelación actualmente en trámite ante el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito, en Nueva York, que revisa el fallo condenatorio.
El caso Bankman-Fried continúa siendo uno de los procesos judiciales más relevantes vinculados al colapso del ecosistema cripto en 2022, con implicancias legales y financieras que aún se encuentran en disputa.