La Comisión Investigadora de Diputados acusó al presidente Javier Milei y a su hermana Karina de ser partícipes necesarios en la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA.
El caso $LIBRA comenzó en febrero de 2025, cuando Javier Milei difundió en redes sociales un mensaje promocionando la criptomoneda como una oportunidad de inversión.
Aunque luego borró la publicación y dijo desconocer el proyecto, el token creció 1300% y atrajo a miles de interesados. En ese período, quienes vendieron mientras el precio subía obtuvieron ganancias extraordinarias, mientras que el desplome posterior generó pérdidas estimadas en al menos u$s100 millones para quienes mantuvieron sus tenencias.
La justicia incorporó nuevas pruebas que muestran al menos 20 llamadas entre Javier y Karina Milei con el lobista Mauricio Novelli.
Según los investigadores, existió un acuerdo de pagos por la promoción de la criptomoneda, que incluyó una publicación del presidente valuada en u$s1,5 millones.
También se encontraron borradores de acuerdos confidenciales con Hayden Davis, creador de $LIBRA, y un supuesto pacto de pagos por u$s5 millones.
Los diputados de la comisión investigadora denunciaron que el presidente y su hermana participaron de una operación "planificada, coordinada y ejecutada con premeditación".
"Está absolutamente probado con claridad que el lanzamiento y la promoción de la criptomoneda $LIBRA no fue para nada improvisado ni accidental por parte del presidente", enfatizó el diputado de la Coalición Cívica y presidente de la comisión investigadora, Maximiliano Ferraro.
En conferencia de prensa, Ferraro calificó el caso como "una estafa y un hecho de corrupción millonario" y denunció a Milei como "protagonista y partícipe necesario".
Los legisladores anunciaron que denunciarán al fiscal Eduardo Taiano ante el Ministerio Público Fiscal para que sea apartado de la causa, argumentando falta de imparcialidad.
También pidieron que la comisión vuelva a funcionar. Sin embargo, ante la posible negativa del oficialismo, adelantaron que conformarán una "comisión ad hoc" para monitorear de manera independiente los avances y retrocesos de la causa.