Una denuncia, una filtración o incluso una noticia falsa pueden comprometer años de construcción institucional: por qué la prevención y la reacción desde el minuto uno son decisivas.
En el actual entorno corporativo, financiero e institucional, una crisis no siempre comienza con una resolución judicial; puede iniciarse con una denuncia penal, una investigación administrativa, un conflicto interno, una disputa contractual, una auditoría mal gestionada o una filtración que se viraliza en cuestión de horas.
También puede comenzar con una noticia falsa o una información inexacta que adquiere apariencia de verosimilitud.
Lo determinante no es únicamente el hecho que origina el conflicto, sino la velocidad con la que se construye una percepción pública y el impacto simultáneo en el mercado, los reguladores, los equipos internos y la estabilidad institucional.
Hoy, aun cuando la información sea falsa o esté descontextualizada, puede generar consecuencias reales.
La circulación acelerada de contenidos, la utilización de herramientas tecnológicas que recrean imágenes, audios o documentos con apariencia de autenticidad y la intervención creciente de sistemas automatizados que replican información sin validación suficiente pueden instalar una narrativa con apariencia de realidad, aunque el hecho no haya ocurrido.
Esa percepción inicial puede activar investigaciones, requerimientos regulatorios, auditorías extraordinarias o presiones políticas antes incluso de que exista una verificación plena de los hechos. Por eso, las decisiones deben tomarse desde el minuto uno. La reacción improvisada suele agravar el escenario.
Una declaración apresurada, la falta de coordinación entre áreas o una estrategia jurídica desconectada del impacto institucional pueden multiplicar el riesgo inicial.
En sectores regulados —financiero, bancario, energético, corporativo o incluso en la gestión pública— la exposición pública no es un episodio aislado: puede convertirse en un factor que afecte gobernabilidad, continuidad de proyectos o estabilidad institucional.
El error más frecuente en estos contextos es la fragmentación. El área legal analiza el expediente. Comunicación intenta contener la repercusión. Finanzas evalúa la contingencia económica. La conducción institucional procura mantener estabilidad.
Sin una dirección estratégica unificada, cada decisión puede generar efectos no previstos en otro plano.
La gestión profesional de crisis exige integrar defensa jurídica, análisis regulatorio, evaluación financiera y estrategia comunicacional bajo un mismo criterio técnico. No se trata solo de litigar; se trata de administrar riesgo y proteger valor institucional. Sin embargo, la mejor toma de conciencia no ocurre cuando la crisis ya es pública, sino antes.
La prevención estratégica implica diseñar protocolos claros de actuación, establecer matrices de decisión para niveles directivos, realizar auditorías de riesgo institucional y definir mecanismos internos que permitan saber cómo actuar cuando, inevitablemente, surge una situación crítica.
Contar con protocolos de gestión de crisis no es un gesto formal. Es una herramienta concreta que permite ordenar responsabilidades, evitar contradicciones internas y responder con coherencia bajo presión.
Este enfoque no se limita al ámbito empresarial. Las organizaciones públicas, los responsables de gestión y quienes ejercen funciones de conducción también enfrentan escenarios donde una denuncia, una investigación, una viralización o incluso una noticia falsa pueden comprometer la estabilidad institucional.
En un contexto de creciente judicialización y escrutinio permanente, la administración del riesgo penal y reputacional forma parte del ejercicio responsable de cualquier función directiva.
Las crisis pueden originarse en un juzgado, en una auditoría, en una red social o en una información inexacta que adquiere apariencia de realidad.
Lo que define su magnitud no es solo el hecho inicial, sino la calidad técnica y estratégica con la que se lo aborda desde el primer momento —y, sobre todo, la previsión desarrollada antes de que el conflicto aparezca.
*Por Jorge Monastersky. Abogado. Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales.
