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Vorterix, la empresa de medios fundada por Mario Pergolini, pidió su concurso preventivo ante el Juzgado Comercial N.º 7 a raíz de una compleja situación financiera. Al 31 de octubre de 2024, la firma acumulaba pérdidas por encima de los $2.500 millones y afrontaba un pasivo de corto plazo de $1.107,5 millones.
Su mayor acreedor es la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a la que le adeuda más de $645 millones. La mayor parte de ese monto corresponde a aportes ($121,6 millones) y contribuciones patronales ($183,2 millones), además de deudas vinculadas al IVA y al impuesto a las Ganancias.
Esta presentación judicial coincide con el regreso de Pergolini a la televisión abierta, específicamente en Canal 13, donde formará parte del programa "Otro día perdido".
Jorge Scharger, abogado del conductor, explicó que la medida busca proteger a la empresa de los embargos y ejecuciones fiscales constantes iniciados por ARCA. También denunció créditos laborales "exorbitantes y abusivos", al citar un caso judicial cuya liquidación alcanza los $280 millones, según informaron desde El Cronista.
El concurso preventivo es un mecanismo legal previsto por la Ley de Concursos y Quiebras de Argentina que permite a una empresa con dificultades económicas evitar la quiebra.
A través de este proceso, la firma solicita la intervención de la Justicia para renegociar sus deudas con los acreedores, bajo la premisa de que aún es viable y puede continuar operando si se reestructura financieramente.
Durante el proceso, la empresa mantiene el control de su gestión, pero sus movimientos financieros quedan bajo supervisión judicial. Se establece un período de exclusividad en el que la compañía debe presentar una propuesta de pago a sus acreedores.
Si logra que una mayoría la apruebe —tanto en cantidad como en monto de la deuda—, el juez homologa el acuerdo y se considera que la empresa sale del concurso.
Desde Vorterix aclararon que la medida solo afecta a la unidad encargada de las transmisiones radiales y por streaming. No compromete ni al espacio El Teatro (administrado por Dijay) ni a la productora RQM, que gestiona los contenidos artísticos.
Desde la empresa señalan que la situación financiera crítica tiene múltiples causas. Aunque las pérdidas ya se veían en 2019, la caída de la pauta publicitaria durante la pandemia dejó a la firma sin ingresos relevantes, dificultando la cobertura de gastos operativos, cargas fiscales y generando tensiones laborales.
La cesación de pagos fue reconocida judicialmente el 22 de mayo de 2022, tras un acuerdo con Capif por $5,5 millones. A fines de ese año, el pasivo acumulado alcanzaba los $465,7 millones, frente a un activo de apenas $301,7 millones. En abril de 2023, la dirección decidió acogerse al concurso preventivo, medida que fue convalidada por asamblea en junio.
Sin embargo, hubo fricciones internas. Aunque el acta reflejó aprobación unánime, la decisión fue respaldada solo por Pergolini, que posee el 85,15 % del capital. El 14,85 % restante pertenece a South Media Investment (de Cristóbal López y Fabián De Sousa), cuyo representante, Juan Ignacio Recio, votó en contra, alegando falta de información y cuestionando la validez legal del proceso.
South Media había ingresado como socia en 2016 con el 50 %. Un año después, Pergolini tomó un préstamo de u$s550.000 para cancelar deudas con la AFIP y ANSES. Como no pudo devolverlo por completo, lo capitalizó, reduciendo la participación de South Media y dando origen a un conflicto societario.
El balance 2023 mostró ingresos por $601,1 millones y pérdidas por $67,7 millones. Pero entre enero y octubre de 2024, Vorterix registró una mejora, con una ganancia neta de $638,5 millones gracias a resultados financieros positivos vinculados al tipo de cambio.
A pesar de esta recuperación, en diciembre Pergolini cerró la señal FM 92.1 y anunció que Vorterix pasaba a operar únicamente en formato online, citando el alto costo de la electricidad.
El conflicto accionario escaló. En mayo de 2025, y por orden judicial, se convocó a una nueva asamblea para ratificar el concurso, dos años después de su aprobación inicial.
Recio reiteró su desacuerdo, alegando que la empresa seguía funcionando pese a haber declarado insolvencia, y cuestionó la validez de balances que no habían sido avalados en asamblea. Incluso pidió la destitución del presidente Martín Morales Groschopp.