Leonardo Cositorto, líder de Generación Zoe, y 25 de sus cómplices serán juzgados por asociación ilícita y 163 hechos de estafa reiterada, en lo que se configura como uno de los mayores engaños de la historia penal reciente.
Juliana Companys, fiscal de Villa María, elevó a juicio la causa conocida como Generación Zoe, luego de dos años de investigación.
Cositorto se encuentra preso desde hace casi dos años en el penal de Bouwer, en Córdoba, tras ser arrestado por Interpol en un exclusivo country de República Dominicana.
El daño económico estimado por la fiscal Companys asciende a, por lo menos, u$s120 millones.
El extenso pedido de elevación a juicio, de 693 páginas, incluye a otros personajes fuertes en el entramado de Generación Zoe:
Algunos de ellos son:
"Hemos hecho el pedido y ahora la defensa puede apelar la medida que nosotros hemos dispuesto. La causa es muy extensa y excedió a la jurisdicción Córdoba, por ello hemos pedido una extensión de la preventiva contra Cositorto. La elevación a juicio es sobre una parte de todo lo que provocó Zoe", explica a iProUP la fiscal Companys.
El juicio será un proceso complejo y extenso, con un gran número de imputados y pruebas. Se espera que la fiscalía presente una sólida acusación que demuestre la responsabilidad de Cositorto y sus colaboradores en la estafa a miles de personas.
Cositorto y su esquema también enfrentan causas en provincias como Santa Fe, Corrientes, Salta y el fuero federal porteño, con una causa a cargo del juez Ariel Lijo por el posible delito de lavado.
La fiscal confirma a iProUP que hay dos prófugos en esta historia: "El exjuez y fiscal federal Héctor Yrimia y Rosa María González Rincón se encuentran en calidad de prófugos y contra ellos no hay elevación porque no pueden ser procesados estando en rebeldía".
La situación de Yrimia es curiosa. En una cadena de errores se anunció equivocadamente su detención, pero el acusado continúa en Dubai. Incluso en redes sociales aparecieron imágenes de quien tiene un pedido de captura internacional en las que se lo puede ver lejos de una situación estresante
La organización prometía a los inversores altos retornos en dólares a través de diversas actividades, incluyendo la compra de oro, criptomonedas y franquicias de negocios.
No obstante, se demostró que estas actividades no solo eran ficticias, sino que también se utilizaban para desviar fondos y enriquecer a los líderes de la organización.
La maniobra principal para captar plata consistía en promover inversiones en formación de coaching ontológico para el liderazgo, coaching espiritual y financiero.
Ocurría a cambio del pago de un interés mensual que promediaba el 7,5% que, según decían, estaban garantizados por criptomonedas Zoe Cash y explotaciones mineras en las provincias de Jujuy y San Juan. Esos avales no existían.
La organización liderada por Cositorto no solo se limitaba a captar dinero a través de promesas de altos retornos: su red de empresas abarcaba una amplia gama de actividades, algunas de ellas insólitas, que servían como fachada para ocultar un presunto esquema de estafa piramidal:
Cositorto anunció en repetidas ocasiones la compra de minas de oro en el noroeste argentino, con el objetivo de sustentar su criptomoneda ficticia, Zoe Cash.
Se trataba de una estrategia para atraer a inversores incautos, quienes creían que la empresa tenía un activo tangible que respaldaba su valor.
Sin embargo, no hay evidencia de que estas minas existieran realmente y todo indica que se trató de una trampa más para conseguir dinero.
El caso Generación Zoe puso de relieve la necesidad de proteger a los inversores de las estafas financieras y de fortalecer los mecanismos de control y prevención.
El juicio será un paso importante para hacer justicia y brindar un resarcimiento a las víctimas.