La app de delivery PedidosYa fue denunciada por la Dirección General de Aduanas (DGA) ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo por presunto "aprovechamiento indebido de beneficios fiscales", por lo que la empresa de origen uruguayo podría enfrentar una multa de u$s1,4 millones.
La Aduana aseguró que sus agentes especializados "detectaron una grave falta de la empresa PedidosYa" debido a que "abusó de beneficios fiscales y defraudó al Estado Nacional" mediante el ingreso de indumentaria y bolsos/cajas con el logo de la empresa como bienes de uso, "cuando en realidad eran bienes de cambio".
"Estos productos serían comprados por los repartidores para poder trabajar en la plataforma de delivery", argumentó la entidad, que aclaró que "los bienes de uso tienen algunas excepciones fiscales porque son los que utilizan las empresas para ejercer su actividad, pero en este caso la mercadería era comercializada".
"A raíz de la maniobra desplegada, la empresa se vio beneficiada al no tener que ingresar percepciones" impositivas debido a que "la importación definitiva de bienes de uso se encuentra dentro de las excepciones para el ingreso de percepciones del 'IVA adicional' (10 o 20%) y de Ganancias (6%)", según informó Télam.
La mercadería importada consistía en remeras, materias textiles, camisetas y "las típicas cajas que utilizan los repartidores en bicicletas y motos", aseguró la dependencia.
Asimismo, remarcó que "la investigación demostró que estos productos también eran utilizados como material publicitario" y "tuvieron un tratamiento contable distinto" al no haber sido registrados como bienes de uso.
"En base a las tareas de control del organismo, se determinó que PedidosYa importó mercadería valuada en u$s754.038,38 y omitió ingresar en concepto de percepciones de impuestos un total de u$s296.563,29", completó la DGA.
La Aduana remarcó que "la infracción cometida por la empresa se encuentra tipificada en el artículo 954 inciso A y 956 inciso B del Código Aduanero", por lo que presentó la denuncia en el fuero contencioso y estimó que "la multa por la transgresión podría ser de hasta u$s1.400.000".
Las apps de delivery estuvieron en los últimos meses en la mira del gobierno tras la multa de $59 millones que el gobierno bonaerense impuso a Rappi por cobrar, como "tarifa de servicio", un monto no informado con antelación a los usuarios.
Además, el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, le exige que devuelva a los consumidores lo recaudado bajo ese concepto: 13 millones desde enero de 2022 hasta marzo de 2023.
Rappi ya había sido imputada en marzo por el cobro de cargos adicionales compulsivos, que violan Ley Nacional de Defensa del Consumidor. Si bien pudo evitar la sanción retirando el cargo extra, decidió no hacerlo.
Osvaldo Bassano, presidente de la Asociación de Defensa de Derechos de los Usuarios y Consumidores (ADDUC), asegura a iProUP que las multas son aplicables y añade que no solo las apps de delivery suman cargos indebidos: también los bancos y otras empresas.
"Las normas de Derecho al Consumidor establecen que no pueden cobrar de más. Si la sentencia se resuelve en contra, deberán pagar las multas, los intereses y devolver lo que ordene el Juzgado. Lo que va a pasar, es que se van a correr ellos y esto terminará siendo un perjuicio para los pobres pibes que trabajan ahí", puntualiza.
La secretaria adjunta del SiTraRepA (Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación), que se identifica como Belén, asegura que la multa es insuficiente. "Le sirve al Estado para recaudar, pero no resuelve ni la situación de los repartidores ni los abusos de estas empresas a los usuarios", completa.
Esta "falta de entendimiento" parece ser el mood que domina la relación entre las apps y el Gobierno, con un amplio historial de cuestionamientos, amagues de regulación y sanciones. También, suman su cuota de tensión:
Lo cierto es que Pedidos Ya y Rappi ya fueron investigadas y sancionadas en más de una oportunidad:
Las plataformas también fueron apuntadas por diferentes agrupaciones gremiales que denuncian: lobby empresarial, precarización laboral de los repartidores y evasión impositiva. Al definirse como meras intermediarias, eluden todas las regulaciones laborales, comerciales o impositivas.