Telegram informó que apelará la suspensión temporal que dispuso contra la aplicación la justicia en Brasil por no haber entregado la información solicitada sobre grupos neonazis que actúan en la plataforma, en el marco de una investigación relacionada con la violencia en escuelas.
Poco después del fallo, varios usuarios de la app dijeron que ya no podían usarla después de que los operadores locales cumplieron con el dictamen.
En un comunicado difundido este viernes, el director ejecutivo de Telegram, el millonario ruso Pavel Durov, prometió defender la "privacidad y la libertad de expresión" de los usuarios y manifestó que la información solicitada es "tecnológicamente imposible de obtener".
Además, el creador de Telegram recordó además otros casos en los que la compañía abandonó mercados, como China, Irán o Rusia, porque las leyes locales eran "opuestas" a sus principios de privacidad o imponían requerimientos "tecnológicamente inviables".
"No importa el costo, defenderemos a nuestros usuarios en Brasil y su derecho a la comunicación privada", añadió Durov.
La justicia brasileña impuso, además, una multa de un millón de reales diarios (198.000 dólares) hasta que la compañía cumpla con la petición de las autoridades locales.
La medida sobre Telegram es parte del impulso contra el aumento de la violencia escolar en Brasil, que fue sacudido por casi dos docenas de ataques o episodios violentos en escuelas desde el 2000, la mitad de ellos en los últimos 12 meses.
Entre ellos, uno en noviembre en el que un hombre con una esvástica clavada en su chaleco disparó y mató a cuatro personas e hirió a 12 en el estado de Espírito Santo, y el asesinato de cuatro niños en una guardería el 5 de abril.
El Gobierno de Brasil se ha esforzado por erradicar la violencia escolar con un enfoque particular en la supuesta influencia de las redes sociales.
La regulación de las plataformas de redes sociales fue un tema recurrente durante una reunión a principios de este mes entre el presidente Lula da Silva, sus ministros, jueces de la Corte Suprema, gobernadores y alcaldes.
El objetivo es evitar más incidentes, en particular responsabilizar a las plataformas por no eliminar contenido que incite a la violencia.
En marzo del año pasado, un juez de la Corte Suprema ordenó suspender el servicio de la aplicación de mensajería Telegram en el país por considerar que no colaboró con las autoridades.
Entre los argumentos de la Justicia, se señaló que Telegram no brindó una solicitud de la Policía para bloquear perfiles y proporcionar información vinculada al bloguero Allan dos Santos, un aliado del entonces presidente Jair Bolsonaro acusado de difundir información falsa.