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Uber prohibido en Córdoba: un segundo round con denuncias penales a la empresa y los choferes

Uber prohibido en Córdoba: un segundo round con denuncias penales a la empresa y los choferes
Luego del primer round judicial ganado por la municipalidad cordobesa para que Uber no opere, seguirían acciones penales a la empresa y sus choferes
15.09.2019 15.15hs Innovación

La Justicia ya había sentenciado que la empresa de movilidad urbana tenía 48 horas para dejar de operar.

Una vez terminado el plazo, tanto la firma multinacional como los conductores estarán actuando contra un fallo judicial.

Esto abrirá la puerta para que, de no haber un acatamiento de la sentencia, se puedan proceder a iniciar denuncias penales a que aquellos que infrinjan lo que estableció el tribunal.

"El conductor y el vehículo que operen una vez finalizado el plazo de las 48 horas establecido por la Justicia pueden tener consecuencias penales. Están desentendiendo a un fallo judicial y eso está tipificado en el Código Penal como desobediencia a la autoridad", explicó el asesor letrado de la Municipalidad, Marcelo Rodríguez Aranciva, quien señaló que el municipio no prohíbe la radicación de la aplicación sino que le exige que se adecúe al marco regulatorio existente.

Aseguró que las acciones recaerán sobre la empresa y también sobre los choferes y señaló que los pasajeros no tendrán ningún tipo de responsabilidad.

La resolución de la Cámara Contencioso Administrativa de 2ª Nominación les ordena a los responsables de Uber que "procedan a suspender la operatividad de la aplicación en las distintas plataformas en el plazo de 48 horas y a los efectivos y potenciales prestadores que se adhieran o asocien a la misma se abstengan de utilizarla mientras dure la tramitación del presente proceso".

De esta manera, el tribunal, compuesto por Cecilia María de Guernica, Humberto Sánchez Gavier y María Inés Ortiz de Gallardo, le brinda un nuevo recurso judicial al municipio para frenar el avance de la aplicación, aunque no la bloquea. "Esa es la cuestión de fondo", explicó Rodríguez Aranciva.

Por esta razón, la decisión de la Justicia no supone una victoria completa para el municipio. Los camaristas reconocen que el bloqueo de la aplicación, tal como pidió el Ejecutivo, no es posible. "Constituye una medida que no sólo resulta técnicamente de dificultosa implementación, sino que de disponerse en la forma solicitada, puede extender sus efectos a otras jurisdicciones. Limitando las garantías individuales de quien pretenda utilizar el servicio en ámbitos en que se encuentre permitido", reza el escrito al que suscribieron los vocales de Guernica y Sánchez Gavier.

El tribunal consideró que, a pesar de que la relación entre Uber, los conductores y los usuarios está regida por el derecho privado, la Municipalidad de Córdoba tiene el poder de policía y de control sobre la actividad del transporte público. Citó para esto la regulación que establece el Tribunal Europeo para el uso de la aplicación en ese continente.

Respuesta

Desde Uber señalaron que ayer aún no habían recibido ninguna notificación oficial para suspender sus actividades. Y prefirieron, ante la consulta de este medio, no señalar cuál era su domicilio legal.

La Justicia provincial intentó comunicarse vía mail y ordenó la publicidad de su resolución en los medios de comunicación para que la empresa se anoticie.

Por otra parte, a través de un comunicado oficial, la firma celebró el proyecto del concejal Abelardo Losano, que el jueves presentó una iniciativa para legalizar Uber.

"El proyecto contempla la creación de un registro de prestadores de servicio de transporte privado de pasajeros mediante el uso de plataformas virtuales. Esto es sumamente positivo, ya que establece reglas claras y acordes a la naturaleza del servicio", afirmó la empresa.

"La voluntad de Uber es siempre trabajar en conjunto para llegar a regulaciones modernas que posibiliten oportunidades económicas (...). La cantidad de personas registradas en Córdoba para manejar con la aplicación habla de una demanda de nuevas fuentes de ingreso. Nuestro compromiso es con ellos y con quienes quieren elegir cómo viajar", agregó la empresa tras la iniciativa de Losano.

Multas

Por otra parte, el concejal Lucas Cavallo apunta a aumentar las sanciones pecuniarias sobre los vehículos que ejerzan el transporte público de manera irregular. En la actualidad, la infracción se rige por el Código de Convivencia Municipal, que estipula multas de entre 12 mil y 24 mil pesos aproximadamente.

Cavallo quiere que se active la cláusula del marco regulatorio sobre las penas para los infractores y busca que se modifiquen las unidades de medidas y así poder aplicar multas que parten desde los 75 mil pesos para cualquier tipo de falta de este tipo.

El martes los taxistas y remiseros irán al Concejo Deliberante a manifestar su preocupación. Luego de los primeros efectos de los controles municipales, donde ya se secuestraron dos automóviles que utilizaban la aplicación, los choferes postergaron el paro previsto para esta semana.

Controles

En un nuevo control en barrio General Paz, ayer los inspectores municipales secuestraron el segundo automóvil que utilizaba la aplicación de transporte. Desde el municipio aseguraron que mantendrán los operativos sorpresivos, indicó La Voz.

"Con la resolución de la Justicia se ha recuperado el Estado de derecho. Estamos satisfechos con los resultados de los controles, y continuarán", dijo el secretario de Servicios Públicos, Pablo Farías.

Los puntos centrales del amparo contra Uber.

1. Suspende. La Cámara ordena a los responsables de Uber suspender la operatividad de la aplicación en la ciudad.

2. No bloquea. Se rechazó el pedido de la Municipalidad de bloquear en Play Store la posibilidad de bajar la app.

3. Fija audiencia. La Justicia convocó a Uber a una audiencia el 26 de septiembre. Es el paso previo a la resolución de fondo.

4. Es transporte. Los jueces adelantan un criterio en sus fundamentos: consideran a Uber un servicio de transporte.

5. Regulación. El fallo reconoce el poder de policía municipal para hacer cumplir la ordenanza de servicio público.

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