Con el objetivo de proteger sus derechos y los ingresos de los clubes, LALIGA redobla su campaña contra la piratería, con foco en todos los canales que permiten ver partidos de fútbol sin autorización.
Según sus estimaciones, el impacto económico para los clubes españoles ronda entre 600 y 700 millones de euros al año. A esto se suma otro frente: los riesgos digitales que enfrentan los usuarios, que van desde la instalación de virus hasta fraudes en medios de pago poco confiables.
En medio de esta ofensiva surgió una polémica: Miguel Galán, presidente de CENAFE, denunció que LALIGA envió cartas directamente a espectadores acusándolos de haber accedido de forma ilícita a los partidos.
En esos avisos se detallan las fechas de la supuesta infracción y se exige no solo el cese inmediato de la conducta, sino también una indemnización de 450 euros.
Para Galán, este accionar sobrepasa los límites legales, ya que la justicia española únicamente autoriza identificar a quienes comparten la señal con terceros y no a los usuarios que simplemente consumen el contenido.
Según LALIGA, hay varias pistas que permiten detectar si una transmisión no es oficial. Las más habituales son:
Más allá del reclamo económico de LALIGA, el verdadero problema para los usuarios está en la ciberseguridad.
En la práctica, lo que parece un "ahorro" al no pagar un abono legal puede terminar costando mucho más: desde la pérdida de dinero hasta la exposición de datos privados.
Al ingresar a sitios o apps no oficiales, el usuario puede exponerse a distintos escenarios: