A través de la Comunicación "A" 8444, el Banco Central habilitó a las entidades a permitir la radicación de las cuentas en cualquier sucursal del país, sin importar dónde vive el titular.
El objetivo es claro: que las instituciones puedan esquivar las provincias y municipios con mayor presión tributaria y concentrar la operatoria en jurisdicciones con menor carga de Ingresos Brutos.
La norma establece que los bancos que admitan la apertura no presencial de cuentas a través de medios electrónicos podrán asignar cualquier casa operativa para la radicación de esas cuentas, con la única condición de informar al cliente en el momento de la asignación. Aplica a cajas de ahorro, cuentas sueldo y especiales, y cuentas corrientes bancarias. La entrada en vigencia fue inmediata.
Qué cambia con la nueva norma del BCRA y por qué importa
Hasta ahora, la práctica generalizada era vincular cada cuenta a la sucursal que correspondía según criterios geográficos o de organización interna del banco. Con la nueva disposición del Central que preside Santiago Bausili, esa lógica queda desactivada para el universo de cuentas digitales, que hoy representa la mayoría de las altas del sistema.
La apertura remota de cuentas se convirtió en el canal dominante de incorporación de clientes durante los últimos años. Hoy, una persona en Salta puede abrir una caja de ahorro desde su celular sin pisar nunca una sucursal.
Con la nueva regla, el banco podrá radicar esa cuenta en una sucursal de Santiago del Estero, provincia que cobra 3% de Ingresos Brutos a la actividad financiera, en lugar de hacerlo en Salta, donde la alícuota es 8%.
En algunas entidades consideraban que esta práctica ya estaba implícitamente permitida. Pero para despejar cualquier ambigüedad, el BCRA decidió incluirlo de forma explícita en su normativa.
Por qué las provincias encarecen el crédito: la pelea que viene de largo
La medida no surge en el vacío. Es el último capítulo de una batalla que el sistema financiero viene librando contra la presión fiscal provincial y municipal desde hace años, y que el BCRA convirtió en una política explícita de la actual gestión.
En julio de 2025, el Central publicó un documento elaborado por la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) que detalló, provincia por provincia, la carga tributaria que recae sobre los servicios financieros a través del Impuesto a los Ingresos Brutos.
El informe incluyó una tabla comparativa con alícuotas, tratamiento de títulos públicos y créditos hipotecarios, y criterios de base imponible. El objetivo declarado fue transparentar el impacto fiscal sobre el sistema bancario y facilitar la comparación entre distritos.
Meses antes, las cuatro cámaras bancarias en conjunto –ADEBA, ABA, ABAPPRA y ABE– habían presentado un documento conjunto de reclamo. El diagnóstico fue contundente: la alta carga de impuestos distorsivos que soporta la actividad financiera es uno de los elementos que explica el bajo y decreciente nivel de préstamos sobre el PBI que mostró la economía argentina en los últimos 25 años.
Sobre las tasas municipales, Claudio Cesario, presidente de ABA, fue aún más directo: "Las operaciones bancarias tienen carga de impuestos provinciales y municipales que pueden llegar hasta el 60% del total. La carga fiscal es monstruosa. Queremos trabajar en que las tasas municipales sean más bajas, y en ese caso el costo del crédito será menor".
Ranking de provincias: cuánto cobra cada una a los bancos en Ingresos Brutos
El relevamiento de ADEBA abarcó las 24 jurisdicciones del país y construyó un ranking de presión fiscal que hoy cobra una nueva relevancia: en este escenario, será la guía que usen los bancos para decidir dónde radicar sus cuentas digitales.
La Pampa encabeza la tabla con la alícuota más alta: 9,10%. Le siguen Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Chubut, Entre Ríos, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán, todas con 9% sobre los ingresos brutos de las entidades financieras.
A partir de allí, el listado muestra escalones descendentes. San Juan aplica 8,50%; CABA, Chaco, Jujuy y Salta fijan su tasa en 8%; y Santa Cruz también impone 8% pero con particularidades sobre la base de cálculo. Misiones establece 7,80%, Mendoza un 7%, y San Luis utiliza una base diferencial con 6,50% sobre el spread.
En el tramo más bajo, Formosa cobra 5,50%, Corrientes 4,70% y Santiago del Estero cierra la tabla con apenas 3%, también sobre el spread.
La diferencia entre el extremo superior y el inferior es de más de seis puntos porcentuales, una brecha más que suficiente para que los bancos recalibren la radicación de sus cuentas digitales en función de la geografía fiscal más conveniente.
Qué provincias podrían ganar y cuáles tienen más para perder
La nueva norma abre una competencia inédita entre jurisdicciones por captar la radicación de operaciones bancarias digitales. Las provincias con menor carga tributaria –Santiago del Estero, Corrientes y Formosa, entre otras– tienen ahora un incentivo concreto para las entidades financieras. Las que cobran más verán presionada su posición recaudatoria si los bancos deciden reorientar masivamente sus cuentas digitales hacia distritos más amigables.
El caso de La Pampa es el más ilustrativo de los riesgos de una política fiscal agresiva: el Banco Nación llegó a advertir sobre el posible cierre de sucursales cuando el gobierno provincial intentó elevar la alícuota de IIBB al 15%. El gobernador Sergio Ziliotto dio marcha atrás ante la presión, pero el episodio dejó en claro hasta dónde puede llegar la tensión entre las entidades y los fiscos distritales.
La medida tampoco modifica las obligaciones de identificación, prevención de lavado de activos ni conocimiento del cliente que deben cumplir los bancos al abrir una cuenta. El cambio se limita estrictamente a la facultad de elegir la casa operativa bajo la cual quedará radicada la relación bancaria.
La digitalización como palanca fiscal: por qué el timing importa
El BCRA optó por adaptar la normativa a una realidad que ya era un hecho consumado: la apertura de cuentas dejó de depender de la presencia física del cliente y hoy se desarrolla íntegramente en entornos digitales.La separación entre la ubicación del usuario y la sucursal donde está registrada la cuenta venía consolidándose en el sistema hace años, y la nueva regulación le otorga el respaldo normativo que le faltaba.
Desde la perspectiva del Central, la desregulación apunta a reducir la carga fiscal de los préstamos y mejorar la rentabilidad de las entidades sin necesidad de negociar con cada provincia o municipio por separado. La presión competitiva entre jurisdicciones haría el trabajo que la negociación directa no logró.
Para los bancos, la medida representa una herramienta concreta para optimizar costos operativos y tributarios en un negocio donde la rentabilidad de las cuentas transaccionales está cada vez más presionada por la competencia de las billeteras virtuales y los nuevos jugadores digitales del mercado. El próximo movimiento, ahora, quedará en manos de las provincias.
