El Gobierno nacional anunció una nueva medida destinada a contener la presión cambiaria y proteger las reservas del Banco Central, reinstaurando una modalidad de cepo cambiario que restringe operaciones vinculadas al dólar.
La normativa introduce una restricción cruzada que afecta a los individuos que adquieran dólares en el mercado oficial, quienes deberán esperar noventa días antes de participar en transacciones financieras como el MEP o el Contado con Liquidación.
La disposición oficial establece que cualquier persona que adquiera dólares en el mercado oficial, deberá abstenerse de intervenir en los mercados financieros, como MEP o Contado con Liquidación, durante 90 días consecutivos.
Esto implica que quienes compren divisas al tipo de cambio oficial no podrán aprovechar de inmediato el diferencial de cotización que ofrecen los dólares bursátiles, lo que desalienta las maniobras de arbitraje especulativo conocidas popularmente como "rulo" financiero.
La práctica del rulo consistía en adquirir dólares oficiales, más baratos, para revenderlos rápidamente en MEP o CCL con un precio mayor, logrando una ganancia en pesos sin riesgos relevantes, algo que presionaba sobre reservas.
El Gobierno busca desactivar este mecanismo que, al no tener límites, generaba un drenaje continuo de dólares oficiales, debilitando la posición del Banco Central y dificultando el sostenimiento de la política cambiaria en medio de tensiones económicas.
No obstante, la medida no restringe la compra de dólares en el mercado oficial para uso personal o ahorro, ya que sigue habilitada la adquisición de divisas a través de bancos sin restricciones de monto.
El cambio se concentra en regular lo que puede hacerse después de la compra, imponiendo un compromiso firmado mediante una declaración jurada que prohíbe la participación en operaciones bursátiles vinculadas a dólares financieros por el período estipulado.
El plazo de noventa días busca disuadir estrategias de corto plazo, estableciendo un marco temporal suficientemente largo para impedir el aprovechamiento inmediato de brechas de cotización entre mercados oficiales y financieros.
Sin embargo, la reglamentación aún no detalla cuáles serán los mecanismos de fiscalización ni las eventuales sanciones previstas para los casos en que los operadores decidan incumplir la declaración jurada correspondiente.
Desde el equipo económico, se justificó la medida como una forma de "evitar distorsiones en el mercado de cambios", según señaló el director del Banco Central, Federico Furiase.
El funcionario precisó que la restricción no impide la compra de dólares, sino que busca frenar que esas divisas terminen alimentando de manera inmediata los mercados financieros, lo cual intensifica la presión cambiaria.
La principal consecuencia inmediata es que se frena el "rulo", al reducir la cantidad de dólares oficiales disponibles para las operaciones financieras, lo que podría generar un alza en las cotizaciones del MEP y del CCL.
De hecho, esta tendencia ya comenzó a observarse apenas se conoció la resolución, con un incremento en las cotizaciones alternativas que amplía la brecha cambiaria frente al dólar oficial.
Más allá del impacto puntual, la estrategia apunta a proteger unas reservas brutas de U$S 39.349 millones, aunque las reservas netas disponibles son considerablemente menores y se consideran críticas en el actual escenario financiero.
El Gobierno apuesta a que esta restricción actúe como un factor estabilizador frente a la volatilidad cambiaria, particularmente en las semanas previas a las elecciones de octubre, cuando la presión sobre el dólar suele intensificarse.