Japón lanzó su primer proyecto estatal vinculado a la minería de Bitcoin, en una iniciativa que busca integrar el cómputo energético con la estabilidad de la red eléctrica nacional, marcando un hito en la relación entre infraestructura energética y activos digitales.
El programa fue anunciado a fines de octubre de 2025 y se desarrolla en alianza con Canaan, la empresa china especializada en equipos de criptominería.
Japón utilizará minería de Bitcoin en momentos de baja demanda energética
Canaan proveerá servidores de minería a una importante compañía eléctrica japonesa, cuyo nombre no fue revelado oficialmente, aunque informes previos indicaron que podría tratarse de Tokyo Electric Power Company (TEPCO), el mayor proveedor de energía del país.
El objetivo principal del proyecto es utilizar la minería de Bitcoin como herramienta para equilibrar la carga energética en momentos de baja demanda, con el fin de aprovechar el poder computacional como mecanismo de estabilización.
La estrategia forma parte de una nueva política japonesa que incorpora tecnologías blockchain y minería digital en su matriz de innovación.
El gobierno nipón considera que la minería puede ser una solución eficiente para gestionar excedentes energéticos, especialmente en regiones con alta producción renovable.
En este sentido, el proyecto se presenta como un experimento audaz que vincula la generación eléctrica con la economía digital, en línea con los esfuerzos globales por descarbonizar y modernizar los sistemas energéticos.
La participación estatal en la propuesta representa un cambio de paradigma en la percepción institucional sobre Bitcoin, que hasta hace poco era visto con cautela por los reguladores japoneses.
Ahora, con el respaldo de empresas energéticas y proveedores tecnológicos, la minería se posiciona como una actividad estratégica, capaz de generar valor económico y contribuir a la resiliencia de la red eléctrica.
Además, el uso de equipos de última generación permite una mayor eficiencia energética, algo que promete reducir el impacto ambiental de la actividad.