La Cámara Blockchain de Uruguay advirtió que el proyecto de regulación para Proveedores de Servicios de Activos Virtuales resulta ambiguo y restrictivo, generando incertidumbre legal, posibles sobrecostos y desincentivos a la innovación.
El comunicado oficial del organismo enfatiza que las normas planteadas dificultan el desarrollo de pequeñas empresas y creadores de proyectos, imponiendo requisitos desproporcionados que amenazan la viabilidad económica y el avance tecnológico de la industria blockchain en el país.
La Cámara Blockchain sostuvo que los protagonistas del sector "necesitan reglas claras y justas, y se observa una excesiva remisión a la analogía como herramienta de integración", lo cual genera dudas sobre el alcance de la propuesta normativa.
También afirmó que el escaso plazo otorgado para responder a la consulta pública complica un análisis profundo sobre "el alcance, la repercusión, la legalidad y la conveniencia de las diversas normas propuestas y/o ya vigentes".
Advirtió además que la definición de activos virtuales financieros es demasiado amplia y "podría generar incertidumbre legal y operativa", abarcando utility tokens y NFT funcionales que no necesariamente cumplen funciones económicas dentro del ecosistema cripto.
Esa amplitud, según el texto, impondría "requisitos excesivos de cumplimiento a proyectos que en su base no son financieros", desalentando la creación de nuevas propuestas y limitando el desarrollo de la innovación en territorio uruguayo.
La autorización única y rígida prevista para todos los PSAV, sin distinguir tamaño empresarial ni volumen de transacciones, "podría hacer inviable" a muchas firmas pequeñas que no pueden afrontar garantías monetarias elevadas.
Por ello, la Cámara propone una regulación gradual "a medida que la empresa crece, similar a la experiencia en el ámbito de los sistemas de pagos en Uruguay", para no restringir la expansión de startups cripto.
El documento también lamenta la ausencia de un sandbox regulatorio, herramienta que permitiría a los emprendedores probar proyectos de manera controlada, reduciendo riesgos y favoreciendo el desarrollo tecnológico en un entorno supervisado.
La falta de este espacio, según la Cámara, atenta contra el "principio de Igualdad de los administrados, protegidos constitucionalmente", generando una barrera significativa para la creación de nuevos proyectos innovadores.
Otro aspecto cuestionado es la aplicación de la normativa de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo a plataformas no custodiales, como wallets y exchanges descentralizados que funcionan sin intermediarios financieros.
El documento sostiene que "es inviable técnica y operativamente para una plataforma no custodial aplicar ciertas exigencias, como la debida diligencia de la normativa llamada ‘conoce a tu cliente’ a cada usuario".
Esta exigencia, en opinión de la Cámara, impactaría de forma desproporcionada en artistas digitales y creadores de NFT, quienes deberían cumplir requisitos incompatibles con la naturaleza de sus actividades.
La Cámara propone además que se incorporen criterios de territorialidad, de manera que solo los proveedores con operaciones en Uruguay queden sujetos a la normativa local y no quienes actúan desde otros países.
El especialista financiero Juan Diana Romero sostuvo que, aunque la normativa significa un paso hacia la formalización del sector, también introduce conceptos ambiguos que podrían complicar su interpretación.
Según Romero, la diferenciación entre activos financieros y no financieros, correcta en teoría, no se encuentra definida con la precisión necesaria, lo cual puede abrir la puerta a vacíos regulatorios.
De este modo, el debate sobre la regulación de los PSAV en Uruguay permanece abierto, mientras la industria reclama mayor claridad y flexibilidad para sostener su crecimiento futuro en el país.