La comisión investigadora de $LIBRA en la Cámara de Diputados, que comenzó a funcionar a pleno este mes, definió convocar a Karina Milei para declarar antes de que finalice septiembre.
Sin embargo, ya en la primera jornada de citaciones, hubo ausencias: Alejandro Melik, presidente de la Oficina Anticorrupción, y María Florencia Zicavo, exjefa de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), no se presentaron.
El martes 23 o el martes 30 de septiembre son las fechas que estableció la Comisión para la citación de la secretaria General de la Presidencia.
En caso de que Milei no se presente, las autoridades de la comisión -hasta ahora Ferraro y Marino, con la vicepresidencia vacante- podrían tomarle declaración en Casa Rosada o permitirle proponer un día, pero siempre antes de la primera semana de octubre.
En caso contrario se avanzaría hacia la judicialización de un reclamo por el uso de la fuerza pública. Fuentes del Gobierno nacional confirmaron a Ámbito que Karina Milei no planea presentarse a ninguna citación.
Las sospechas sobre Karina Milei surgieron a partir de una investigación en Estados Unidos, que la señala como responsable de permitir el ingreso de Hayden Davis a Casa Rosada en 2024.
Además de estar bajo sospecha por haber permitido el ingreso de Hayden Davis a Casa Rosada, hay mensajes donde él mismo afirmaba: "Le mando dinero a su hermana y él firma lo que yo le diga y hace lo que yo quiero", en referencia a Javier Milei.
La comisión también resolvió enviar un oficio para solicitar información a billeteras virtuales que usaron los involucrados argentinos en la causa.
Además, creó una subcomisión integrada por los diputados Agost, Vega, Selva, Frade y Carbajal, que tendrá acceso al expediente judicial manteniendo el secreto de sumario.
Solo dos legisladores aliados del oficialismo participaron de la reunión: Yolanda Vega (Salta), que se mostró dispuestas a esclarecer la estafa, y Mariano Campero (Tucumán), distanciado de La Libertad Avanza en este tema.
Por su parte, Alejandro Melik y María Florencia Zicavo faltaron. En ese sentido, la diputada Sabrina Selva opinó: "Es inaudito que los primeros dos funcionarios que citamos a prestar declaración y se niegan a venir son justamente los que estuvieron a cargo la investigación del caso".
Aunque ambos enviaron documentación para justificar su ausencia, pero de manera informal. Como allegados a Mariano Cúneo Libarona, los diputados propusieron insistir en la convocatoria mediante un requerimiento al ministro.
Melik fue citado porque había determinado que Javier Milei difundió $LIBRA como ciudadano y no como Presidente, por lo que según su dictamen, "no infringió la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública por la difusión del proyecto privado 'Viva la Libertad Project'".
En julio, recibió denuncias por "abuso de autoridad", "incumplimiento de los deberes de funcionario público" y "encubrimiento".
Cuando las autoridades parlamentarias intentaron notificarlo en la Oficina Anticorrupción, Melik se negó a recibir la citación, que finalmente se colocó en la puerta de su despacho.
Sobre su ausencia, explicó que la labor parlamentaria "supone duplicar una investigación judicial actualmente en trámite, al tiempo que implica importantes riesgos para la reserva de la información", y que el contexto podría dar lugar a "preguntas indicativas, capciosas o improcedentes".
Por su parte, Zicavo, exjefa de la UTI por $LIBRA -que operó solo tres meses antes de ser cerrada por el Poder Ejecutivo-, hoy es jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia de la Nación.
Sobre la investigación parlamentaria, explicó que "una investigación parlamentaria paralela a la justicia resultaría improcedente por razones constitucionales, técnicas y operativas", y que su presencia "requiere mayores precisiones en torno a los hechos que se pretenden averiguar en cada uno de los interrogatorios".
El que si participó de la reunión fue Luis Villanueva, exfuncionario de la Oficina Anticorrupción (2019-2023), quien consideró que "fue prematuro el cierre de la investigación" y que existen pruebas de "una negociación incompatible con la función pública" del Presidente.
Villanueva agregó: "Si la Oficina Anticorrupción niega ahora la información, es una locura a esta altura. [...] Esa es una posición más bien vinculada a un deseo de obstruir que de contribuir a que se sepa qué pasó en un caso de corrupción".