Problemas cripto en México: desde el gobierno acusan a 12 exchange de operar ilegalmente

Problemas cripto en México: desde el gobierno acusan a 12 exchange de operar ilegalmente
La Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF) acusó a 12 exchanges cripto del país de no cumplir con sus requisitos de información
Por iProUP
31.07.2021 11.49hs Economía Digital

Según Santiago Nieto Castillo, titular de UIF, las 12 casas de cambio, cuyos nombres no fueron revelados por él, no están registradas en la agencia y han estado  operando ilegalmente.

"Todavía hay una serie de plataformas, son 12 plataformas que no se encuentran registradas, y que sabemos que están operando en este momento en la ilegalidad… Estamos  generando casos para que la Fiscalía General de la República pueda operar (al respecto)", dijo Nieto Castillo durante un seminario sobre inteligencia financiera y  gestión de riesgos.

Nieto Castillo dijo que combatir el lavado de dinero a través de las criptomonedas es una prioridad para la UIF.

"Un tema fundamental será analizar las criptomonedas y su relación con grupos criminales. Me llama la atención el hecho de que muchas de las plataformas de  criptomonedas estén instaladas en varios municipios del estado de Jalisco", dijo Nieto Castillo, refiriéndose a un área dominada por un cartel de la droga en Jalisco  llamado Nueva Generación.

2 exchange cripto serían los que están operando ilegalmente en México
12 exchange cripto serían los que están operando ilegalmente en México

Ley y límites

Luego de la promulgación de la Ley Fintech en 2019, se obliga al registro de estas empresas de tecnología financiera, las cuales deben  reportar los avisos a la autoridad de las operaciones que registran y representen un monto igual o superior a las 645 UMAS, que actualmente equivalen a u$s 57.804  pesos(u$s 2.896).

Al respecto, dijo Nieto que, hasta el momento, la UIF ha recibido cerca de 3.400 notificaciones de 23 intercambios que reportan información al Servicio de  Administración Tributaria de México (SAT). Pero, luego de recibir esa información, la UIF identificó al menos tres casos potenciales de lavado de dinero mediante el  uso de criptomonedas, agregó el funcionario.

Uno de los casos involucra a ciudadanos nigerianos en la Ciudad de México involucrados en fraude cibernético, quienes enviaron criptomonedas a su país de origen, dijo  Nieto Castillo.  Otro caso es el de un usuario que no cuenta con perfil transaccional suficiente para comprar la gran cantidad de cripto que adquirió. El tercero es el  caso de unos hackers aprehendidos en Guanajuato, los cuales utilizaban sus ganancias para comprar criptomonedas, además de adquirir vehículos de alta gama.

Añadió un caso adicional: el del administrador de un portal de trata de personas que adquiría activos virtuales.

Se podrían venir controles más fuertes a los criptoactivos en México
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La decisión

Como informan los medios, la UIF de México trabaja bajo la supervisión de la Secretaría de Hacienda y está a cargo de analizar la información relacionada con las  operaciones de dinero ilícito.

Este ministerio ha sido enfático en sentar claros los límites de las cripto en el país. En junio, un comunicado firmado por el Banco Central de México, el Ministero de  Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deja claro que las criptomonedas no son activos de curso legal y no se tratan como monedas dentro del marco  regulatorio actual del país.. Además el ministro de Finanzas, Arturo Herrera, dijo de manera categórica que las criptomonedas estaban "prohibidas en el sistema  financiero".

Justamente esto ocurrió -aunque no dijeron explícitamente que era una respuesta- luego de las declaraciones del multimillonario mexicano Ricardo Salinas Pliego sobre  Bitcoin, las cuales dieron mucho de qué hablar. Numerosos medios e influencers aplaudieron que el dueño del Grupo Salinas y TV Azteca no solo recomendara Bitcoin como  la mejor inversión que debe tener todo portafolio, sino que reveló que estaba buscando que su banco, el Banco Azteca, fuese el primero del país en aceptar BTC.

Fuente: El Economista

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