Leonardo Cositorto, el creador de Generación Zoe, enfrenta una dura acusación en Salta: la fiscalía solicitó que sea condenado a 14 años de cárcel por encabezar una red que habría estafado a cientos de personas mediante un esquema Ponzi.
Según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta, la fiscal penal subrogante de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, consideró que el empresario actuó como jefe de una asociación ilícita y que esresponsable de múltiples estafas cometidas de forma continuada.
Por eso, pidió que la pena se cumpla de manera efectiva. Pero Cositorto no es el único apuntado.
La fiscal también pidió penas de 8 años para Ricardo Gabriel Isaac Vilardel, 6 años para Jorge Federico Vilardel, 4 años para Ana Lucía de los Ángeles Vilardel y 3 años y medio para Vilma Griselda Albornoz.
Todos ellos están acusados por los mismos delitos: asociación ilícita y estafas reiteradas.
Además, la fiscal solicitó que todos los imputados permanezcan detenidos mientras avanza el proceso judicial.
La Justicia salteña pidió 14 años de prisión para Leonardo Cositorto
Salinas Odorisio pidió también que se investigue a Daniel Flores Jiménez por posible falso testimonio.
Durante el juicio oral, más de 100 personas declararon y, según la fiscalía, quedó demostrado cómo operaba la organización liderada por Cositorto.
El grupo tenía roles claramente definidos y hacía promesas de rentabilidad para atraer a nuevos inversores, quienes ingresaban dinero que servía para pagar a los anteriores, una clásica estafa piramidal.
Las maniobras se habrían realizado desde oficinas en Córdoba, Salta, Santa Fe y Buenos Aires, donde los llamados "captadores" convencían a las víctimas de invertir, pese a que no existían garantías reales ni respaldo legal.
La fiscal destacó que los hermanos Vilardel tenían un rol clave, ya que mantenían contacto directo con los interesados. Por su parte, el discurso de Cositorto, cargado de conceptos de coaching, cumplía una función central para "manipular y engañar" a quienes asistían a sus charlas.
El perjuicio económico para las víctimas, según estimó el MPF, supera los $776.834.153.